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Estrasburgo condena a España por tortura en una detención

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Poreldato

Ene 19, 2021
Estrasburgo
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(Estrasburgo)

La corte de Estrasburgo ha considerado que, “dada la ausencia de una investigación profunda y efectiva sobre las denuncias del demandante de que había sido maltratado durante su detención incomunicada”, “se ha producido una violación del artículo 3 de la Convención en su aspecto procedimental” y, en consecuencia, ha condenado a España a pagar 20.000 euros a González Etayo en concepto de “daño moral”. El demandante reclamaba 25.000 euros. Este “aspecto procedimental” implica, según explica el propio tribunal, que cuando alguien denuncia haber sufrido torturas a manos de agentes del Estado las autoridades nacionales tienen la obligación de llevar a cabo una “investigación oficial efectiva”, incluyendo “la identificación y, si es necesaria, la sanción de los responsables”. De lo contrario, ha indicado, la prohibición de la tortura “sería ineficaz en la práctica” porque se permitiría una “impunidad virtual” de los torturadores.



No obstante, el tribunal ha desestimado la parte de la demanda de González Etayo en la que alegaba que se había producido una “violación material” del artículo 3 de la Convención, es decir, que efectivamente había sufrido torturas. En este caso, el tribunal se ha remitido a una sentencia anterior en la que determinó que no tenía elementos suficientes para valorarlo.

Ante el juzgado Grande-Marlaska
Estrasburgo

González Etayo fue detenido en enero de 2011 en Pamplona y, una vez trasladado a Madrid, fue puesto a disposición del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, dirigido entonces por el hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Las supuestas torturas fueron investigadas por los juzgados de instrucción y la Audiencia Provincial de Madrid, aunque la justicia desestimó las denuncias de González Etayo al considerar que no había indicios. El Tribunal Constitucional también rechazó el recurso de amparo, lo que le llevó hasta el Tribunal de Estrasburgo. Los tribunales revisaron los informes de los médicos forenses que examinaron a González Etayo tanto en custodia policial como en la cárcel de Estremera y escucharon sus testimonios, pero se negaron a identificar a los guardias civiles señalados por el denunciante.

El Tribunal de Derechos Humanos ha recordado a España, haciéndose eco de fallos anteriores y de informes del Consejo de Europa, que las investigaciones sobre las denuncias de tortura deben ser aún más exhaustivas cuando se refieren a torturas que se habrían producido estando la víctima en detención incomunicada, porque en estos casos es más difícil probarlas. Estrasburgo considera que las autoridades españolas “deberían establecer un código de conducta claro en el procedimiento a seguir para interrogar a los responsables de vigilar a los detenidos que estén incomunicados y garantizar su integridad física”.


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